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Hora cero para la transparencia gubernamental en Puerto Rico

Tras múltiples mociones entre abogados, solicitudes de desestimar el caso y alegaciones para poner fin a la controversia sin permitir oportunidad en el Tribunal, el juez Anthony Cuevas de la Sala de Recursos Extraordinarios tendrá en sus manos defender el derecho al acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública de la gobernadora Wanda Vázquez Garced y miembros de su administración.

Se trata del Mandamus presentado por NUESTRO y la periodista Sandra Rodríguez Cotto, quienes habían solicitado los seis referidos que el pasado 6 de julio fueron llevados por el Departamento de Justicia de Puerto Rico (DJ) a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI). Antes de entregarlos, la agente del DJ a cargo de trasladarlos recibió una llamada con instrucciones de regresarlos a la dependencia pública. Este suceso también está bajo investigación, a pesar de que la exsecretaria interina de Justicia en ese entonces, la licenciada Wandymar Burgos Vargas, tomó responsabilidad por lo sucedido antes de presentar su carta de renuncia.

“La información solicitada cobra gran importancia para el interés público dada las condiciones en las que se entregan los referidos antes mencionados, en momentos en que la integridad de algunos de nuestros funcionarios está siendo cuestionada tanto a nivel local como en la esfera federal”, lee parte del escrito presentado por el licenciado Edgar Villanueva Rivera. El letrado añade que en ningún momento ha habido expresión pública del DJ o del OPFEI anunciando los detalles sobre estos referidos, las personas implicadas y los delitos investigados, como ha sido uso y costumbre en ocasiones anteriores en casos similares.

“La información solicitada no es una revisión del expediente ni mucho menos de declaraciones o información de la estrategia de litigio del OPFEI ni el DJ, como han tratado de hacer ver las partes peticionadas, sino de las conclusiones y hallazgos contenidas en el informe que hace el DJ al terminar su investigación. Nuestra postura es cónsona con lo que dice la misma OPFEI, ya que “[s]i no existiera el Panel, sería el propio DJPR el que con su investigación, ya hubiera radicado las denuncias para acusación”, puntualiza Villanueva Rivera.

“Respecto a los méritos de este pedido, la parte peticionada ha fallado en proveer expresamente la fuente jurídica o disposición reglamentaria específica que establezca la confidencialidad de los referidos de Justicia. Tampoco explican en dónde se define que estos seis referidos forman parte del sumario fiscal. Tanto el OPFEI como el DJ enfocan su argumento en establecer que el sumario fiscal es confidencial por tratarse de la prueba de fiscalía que presentaría en su día en corte. No obstante, ni siquiera establecen que norma específica define que los referidos al OPFEI con las conclusiones de la investigación del DJ son considerados como prueba que sea admisible en corte o que este se tenga que incluir como parte del expediente del sumario fiscal”, añade el escrito del representante legal de NUESTRO y Sandra Rodríguez Cotto.

Tanto Justicia como el PFEI han establecido a lo largo de los 50 días que han transcurrido de este proceso legal que los seis referidos no son documentos finales, pues alegan que se tratan de investigaciones penales que no pueden ser fragmentadas y que deben verse de forma contínua. Sin embargo, el Mandamus no contempla la entrega de documentos sobre pesquisas en curso, sino referidos finales que imputan la comisión de delitos que ya fueron firmados y entregados por la exsecretaria del DJ, Denisse Longo Quiñones.

Sus argumentos no son nuevos, pues tanto el Tribunal de Primera Instancia como el Tribunal de Apelaciones tuvieron ante sí el informe del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) sobre el mal manejo de suministros hallados en un almacén de Ponce durante la emergencia ocasionada por los temblores que sacudieron el suroeste de la Isla. Este informe fue evaluado en cámara por los jueces, quienes determinaron que era público luego de tachar el nombre de un testigo para proteger su identidad. Ambos foros concluyeron que ninguna de las páginas contenía información confidencial alguna que pudiera causar una intromisión indebida a la investigación en curso por parte del Departamento de Justicia, la cual no ha concluido.

“Éstos, en su escrito de réplica a la moción de desestimación, establecen con el fin de persuadir a este Foro, que tanto el Departamento de Justicia como OPFEI se enfocan en el “sumario fiscal”. De modo que, con esta alegación, los demandantes pretenden establecer que el informe de investigación preliminar constituye un documento separado, y que, la prueba que lo sustenta es otro documento. En fin, arguyen que son documentos separados, por lo que pueden fácilmente desinsacularse, separarse y dividirse, de este fallido análisis, es que establecen que los informes son públicos, nada más lejos de la verdad”, sostiene la representación legal del DJ en su último escrito del sábado, 29 de agosto.

“Resulta completamente inmeritorio el indicar que el informe preliminar es ajeno o separable de la evidencia recopilada, lo cual es una interpretación contraria y ajena al alcance y a las claras disposiciones de la ley”, alegan por su parte los abogados del PFEI en su última moción presentada el domingo, 23 de agosto, a las 9:37 de la noche.

“De la faz de la Ley 2, surge que el informe que entrega el DJPR al PFEI, es un informe DETALLADO de la investigación PRELIMINAR realizada por la primera agencia, el cual contiene RECOMENDACIONES sobre si procede, o no, la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI). Al nombrarse un FEI, su función es continuar y profundizar en los resultados de la investigación preliminar -o sea, investigar a fondo-, los hechos con el propósito de determinar si cuenta con la prueba necesaria para presentar cargos criminales que puedan sostenerse, más allá de duda razonable”, añade la réplica del OPFEI.

La vista de Mandamus está pautada para hoy, jueves 10 de septiembre, a las 2:00 p.m., mediante el mecanismo de videoconferencia.

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Justicia no quiere que veamos los referidos de Wanda Vázquez y otros funcionarios al OPFEI

“…es necesario establecer que, según dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico, ni en el informe de investigación preliminar que se suscriba al finalizar la investigación, ni los seis (6) informes aludidos en su comunicación y que fueron remitidos a la atención del OPFEI pueden, en esta etapa, ser divulgados a terceros”.

Miretza Díaz Rodríguez, Limarie Martínez Rivera y Aminda Colón Soto, Oficiales de Información del Departamento de Justicia.

A pesar de haber concluido sus procesos investigativos, el Departamento de Justicia de Puerto Rico (DJ) se negó a entregar seis referidos a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) presentados por la agencia solicitados por NUESTRO en alianza con ONCE y el blog En Blanco y Negro con Sandra.

Estos documentos finales, los cuales fueron solicitados mediante petición formal, gozan de una presunción de publicidad total por ser estos de alto interés público, pues podrían vincular oficiales y exfuncionarios de la administración de la gobernadora Wanda Vázquez Garced en conductas delictivas. Según la información divulgada por varios periódicos de circulación general, la primera ejecutiva está señalada en al menos uno de las investigaciones finales del DJ, la cual versa sobre posibles violaciones de ley mediante intervenciones indebidas en la entrega de alimentos a los damnificados por los terremotos que sacudieron al suroeste de la isla en enero de 2020.

El pasado 6 de julio, los seis referidos fueron llevados a la oficina del PFEI pero antes de entregarlos, la agente del DJ a cargo de trasladarlos recibió una llamada con instrucciones de regresarlos a la dependencia pública. Este suceso también está bajo investigación a pesar de que la exsecretaria interina de Justicia, la licenciada Wandymar Burgos Vargas, tomó responsabilidad por lo sucedido antes de presentar su carta de renuncia.

A las 6:06 de la tarde de ayer, lunes, NUESTRO recibió una copia de un documento estampado con el logo del OPFEI y firmado tanto por su presidenta, la exjueza Nydia Cotto Vives como por el exjuez y miembro del panel, el licenciado Rubén Vélez Torres. La resolución con fecha del 20 de julio de 2020 es en referencia a la gobernadora de Puerto Rico junto al Lcdo. Antonio Luis Pabón Battle, secretario de la Gobernación, la Lcda. Surima Quiñones Súarez, exadministradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), la administradora de Servicios Operacionales de ADSEF, María Teresa Zayas Gierbolini y la legisladora Evelyn Vázquez Nieves.

NUESTRO supo a las 5:20 de la tarde de ayer, lunes, que ninguno de los seis referidos del DJ al OPFEI son sobre el almacén repleto de suministros hallados por ciudadanos en un almacén en Ponce mientras miles de puertorriqueños sufrían las consecuencias de los terremotos a principios del año.

“Dentro del plazo dispuesto en el Artículo 7 de la Ley 141-2019 conocida como Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito Para el Acceso a la Información Pública (Ley Núm. 141) le informamos que la investigación que realiza el Departamento de Justicia sobre el manejo de los suministros encontrados en un almacén en Ponce, aunque adelantada, no ha culminado. Consecuentemente, contrario a lo intimado en la misiva – en solicitud de información – que motiva esta respuesta, no formó parte de los informes de investigación remitidos a la atención de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) el pasado 6 de julio de 2020”, lee parte de la misiva entregada vía email a NUESTRO y a los periodistas Sandra Rodríguez Cotto y el abogado Emmanuel Estrada López.

Justicia sigue “confundido” con la ley

A juicio del licenciado Edgar Villanueva Rivera, quien en estos momentos examina el curso legal a seguir para obtener la información pública, pretender que se está hablando de investigaciones en proceso o preliminares induce a error y a confusión, pues se trata de unos documentos finales que agrupan hallazgos validados con la firma de la exsecretaria de Justicia, la licenciada Dennise Longo Quiñones junto con tres fiscales.

“Los argumentos esbozados por Justicia son totalmente equivocados e inducen a error. Para que exista un informe, debe producirse una investigación completa. Esto es sencillo, Justicia no puede hacer un referido al panel del PFEI a base de una investigación preliminar, inconclusa o en curso”, sostuvo el letrado.

En específico, el DJ utilizó las mismas estrategias legales que le propinaron sendas derrotas ante la jueza de la Sala de Recursos Extraordinarios del Tribunal de Primera Instancia en San Juan, Lauracelis Roques Arroyo y el Tribunal de Apelaciones sobre la entrega del informe del mal manejo de suministros en el almacén de Ponce encomendado por Vázquez Garced al Negociado de Investigaciones Especiales (NIE). Las determinaciones judiciales a favor de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) obligaron al Estado a hacer entrega del informe del NIE el 13 de marzo, dos días antes del primer toque de queda y cierre total de negocios en Puerto Rico a consecuencia del COVID-19.

“No hay nada que diga bajo la ley y los preceptos constitucionales aplicables en conjunto con la supuesta política pública del Estado sobre transparencia que indique que lo que los periodistas solicitan es confidencial bajo lo estándares establecidos en nuestro ordenamiento jurídico. No se trata de una investigación en curso. Lo que hizo el Departamento de Justicia en su informe que ahora tiene el PFEI es el resultado de una investigación terminada, por lo debe ser información accesible al público. Lo que ahora mismo está ocurriendo en el PFEI es otro asunto que está en curso y no es lo que los periodistas han solicitado”, concluyó el letrado.

Rompe el silencio el PFEI

A raíz de la presión pública ejercida por la ciudadanía, la prensa y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz a través de sus redes sociales, el PFEI reveló en su página web detalles sobre el referido que implica a la gobernadora de Puerto Rico y a cinco funcionarios en violaciones al Código Penal, la Ley de Ética Gubernamental y al Código Anticorrupcíon para un Nuevo Puerto Rico, a base de cuatro investigaciones finales independientes.

“Todas las investigaciones concurren con la existencia de prueba que pudiera confirmar violaciones de ley y reglamento. La información y prueba en todas esas instancias se sostuvo mediante entrevistas y documentos. Posibles infracciones de leyes estatales y federales. Especificamente, en el ámbito estatal, al Art. 252 del Código Penal y al Art. 4.2 de Ia Ley de Ética Gubernamental y el Art. 4.2 del Código Anticorrupción para un Nuevo Puerto Rico. Además, en la investigación del DJPR se atribuyen represalias porque la Secretaria del Depto. de la Familia, Lcda. Glorimar Andújar, tras despedir a una subalterna por actos contrarios a la ley, no accedió a reinstalar a la funcionaria según le fuera requerido por La Fortaleza”.

En su misiva, explican que de no existir el Panel sería el propio Departamento de Justicia el que con su investigación “ya hubiera radicado las denuncias para acusación”, por lo que valida que el referido del DJ al PFEI se trata de una investigación finalizada.

“Toda información o documento que se origine, conserve o reciba en cualquier dependencia del Gobierno, aunque se encuentre bajo la custodia de un tercero, se presume público y debe estar accesible al pueblo y a la prensa”, reza el Artículo 3 (4) de la Ley de Transparencia.