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Hora cero para la transparencia gubernamental en Puerto Rico

Tras múltiples mociones entre abogados, solicitudes de desestimar el caso y alegaciones para poner fin a la controversia sin permitir oportunidad en el Tribunal, el juez Anthony Cuevas de la Sala de Recursos Extraordinarios tendrá en sus manos defender el derecho al acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública de la gobernadora Wanda Vázquez Garced y miembros de su administración.

Se trata del Mandamus presentado por NUESTRO y la periodista Sandra Rodríguez Cotto, quienes habían solicitado los seis referidos que el pasado 6 de julio fueron llevados por el Departamento de Justicia de Puerto Rico (DJ) a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI). Antes de entregarlos, la agente del DJ a cargo de trasladarlos recibió una llamada con instrucciones de regresarlos a la dependencia pública. Este suceso también está bajo investigación, a pesar de que la exsecretaria interina de Justicia en ese entonces, la licenciada Wandymar Burgos Vargas, tomó responsabilidad por lo sucedido antes de presentar su carta de renuncia.

“La información solicitada cobra gran importancia para el interés público dada las condiciones en las que se entregan los referidos antes mencionados, en momentos en que la integridad de algunos de nuestros funcionarios está siendo cuestionada tanto a nivel local como en la esfera federal”, lee parte del escrito presentado por el licenciado Edgar Villanueva Rivera. El letrado añade que en ningún momento ha habido expresión pública del DJ o del OPFEI anunciando los detalles sobre estos referidos, las personas implicadas y los delitos investigados, como ha sido uso y costumbre en ocasiones anteriores en casos similares.

“La información solicitada no es una revisión del expediente ni mucho menos de declaraciones o información de la estrategia de litigio del OPFEI ni el DJ, como han tratado de hacer ver las partes peticionadas, sino de las conclusiones y hallazgos contenidas en el informe que hace el DJ al terminar su investigación. Nuestra postura es cónsona con lo que dice la misma OPFEI, ya que “[s]i no existiera el Panel, sería el propio DJPR el que con su investigación, ya hubiera radicado las denuncias para acusación”, puntualiza Villanueva Rivera.

“Respecto a los méritos de este pedido, la parte peticionada ha fallado en proveer expresamente la fuente jurídica o disposición reglamentaria específica que establezca la confidencialidad de los referidos de Justicia. Tampoco explican en dónde se define que estos seis referidos forman parte del sumario fiscal. Tanto el OPFEI como el DJ enfocan su argumento en establecer que el sumario fiscal es confidencial por tratarse de la prueba de fiscalía que presentaría en su día en corte. No obstante, ni siquiera establecen que norma específica define que los referidos al OPFEI con las conclusiones de la investigación del DJ son considerados como prueba que sea admisible en corte o que este se tenga que incluir como parte del expediente del sumario fiscal”, añade el escrito del representante legal de NUESTRO y Sandra Rodríguez Cotto.

Tanto Justicia como el PFEI han establecido a lo largo de los 50 días que han transcurrido de este proceso legal que los seis referidos no son documentos finales, pues alegan que se tratan de investigaciones penales que no pueden ser fragmentadas y que deben verse de forma contínua. Sin embargo, el Mandamus no contempla la entrega de documentos sobre pesquisas en curso, sino referidos finales que imputan la comisión de delitos que ya fueron firmados y entregados por la exsecretaria del DJ, Denisse Longo Quiñones.

Sus argumentos no son nuevos, pues tanto el Tribunal de Primera Instancia como el Tribunal de Apelaciones tuvieron ante sí el informe del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) sobre el mal manejo de suministros hallados en un almacén de Ponce durante la emergencia ocasionada por los temblores que sacudieron el suroeste de la Isla. Este informe fue evaluado en cámara por los jueces, quienes determinaron que era público luego de tachar el nombre de un testigo para proteger su identidad. Ambos foros concluyeron que ninguna de las páginas contenía información confidencial alguna que pudiera causar una intromisión indebida a la investigación en curso por parte del Departamento de Justicia, la cual no ha concluido.

“Éstos, en su escrito de réplica a la moción de desestimación, establecen con el fin de persuadir a este Foro, que tanto el Departamento de Justicia como OPFEI se enfocan en el “sumario fiscal”. De modo que, con esta alegación, los demandantes pretenden establecer que el informe de investigación preliminar constituye un documento separado, y que, la prueba que lo sustenta es otro documento. En fin, arguyen que son documentos separados, por lo que pueden fácilmente desinsacularse, separarse y dividirse, de este fallido análisis, es que establecen que los informes son públicos, nada más lejos de la verdad”, sostiene la representación legal del DJ en su último escrito del sábado, 29 de agosto.

“Resulta completamente inmeritorio el indicar que el informe preliminar es ajeno o separable de la evidencia recopilada, lo cual es una interpretación contraria y ajena al alcance y a las claras disposiciones de la ley”, alegan por su parte los abogados del PFEI en su última moción presentada el domingo, 23 de agosto, a las 9:37 de la noche.

“De la faz de la Ley 2, surge que el informe que entrega el DJPR al PFEI, es un informe DETALLADO de la investigación PRELIMINAR realizada por la primera agencia, el cual contiene RECOMENDACIONES sobre si procede, o no, la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI). Al nombrarse un FEI, su función es continuar y profundizar en los resultados de la investigación preliminar -o sea, investigar a fondo-, los hechos con el propósito de determinar si cuenta con la prueba necesaria para presentar cargos criminales que puedan sostenerse, más allá de duda razonable”, añade la réplica del OPFEI.

La vista de Mandamus está pautada para hoy, jueves 10 de septiembre, a las 2:00 p.m., mediante el mecanismo de videoconferencia.

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NUESTRO sues Puerto Rico Department of Justice & OPFEI to obtain referrals with criminal allegations against Wanda Vázquez and Gov. officials

Independent and alternative media journalists filed a judicial Writ of Mandamus to request the immediate release of the six (6) referrals that the Puerto Rico Department of Justice (PRDOJ) delivered to the Panel Office on the Special Independent Prosecutor Panel (OPFEI, Spanish acronym) involving the Governor Wanda Vázquez Garced, Senator Evelyn Vázquez and other officials who are or were part of this administration.

This extraordinary petition is in response to the fact that the PRDOJ has refused to deliver the six referrals, of which one of these was leaked to news outlets in recent days. In this referral, the existence of criminal charges against the governor is confirmed. The information leak has had the effect of creating an atmosphere of confusion in the public opinion, since the claims of the PRDOJ and the OPFEI have been repeated in multiple spaces to grant a cloak of secrecy to documents with a presumption of total publicity, based on the Constitution of Puerto Rico and the current legal order.

The referrals, which were finally delivered on July 7, 2020, are not part of the evidence gathered by the PRDOJ, which is confidential. Through the lawsuit, the final conclusions are being requested, not the private information that led to the delivery of the investigations carried out by the law and order agency. The ongoing investigation by the OPFEI is also not requested, since it has not commenced.

“Given the high public interest involved in this controversy, an agile and quick solution is required because the people’s right to know the truth is at stake,” said attorney Edgar Villanueva Rivera in the claim.

The mandamus petition was filed before the Court of First Instance in San Juan by the digital media outlet NUESTRO, represented by journalist Rafelli González, and Sandra Rodríguez Cotto, from the radio program and blog “En Blanco y Negro con Sandra.”

On July 7, these journalists, alongside with Emmanuel Estrada López from the alternative media ONCE, requested the PRDOJ referrals under Article 5 of Act 141-2019, which is the “Transparency Law and Expedited Procedure for Access to Public Information”.

On January 27, the then Secretary of Justice, Denisse Longo Quiñones notified OPFEI that she was evaluating a complaint filed about public officials. Then, on March 11, Longo Quiñones sent a communication informing the OPFEI that he had referred a complaint to the Department of Justice’s Public Integrity Division, with instructions that an investigation be carried out against Governor Wanda Vázquez Garced, among other officials.

Then, on July 6, an agent from the Dept. of Justice arrived to the OPFEI to file six referrals along with the documentation relevant to their investigations, including at least one referral to the Governor.

The then Interim Secretary of Justice stated that she had ordered the removal of the referrals before they were formally presented to the OPFEI. As a consequence of these events, on the same date of July 6, 2020, journalists sent the formal request for information under Article 7 of Act 141-2019.

Specifically, the journalists requested a copy of: (1) the final report on the investigation of the Puerto Rico Department of Justice of the mismanagement of supplies in warehouse in Ponce and (2) Final reports on 5 investigations delegated to the Department of Justice of Puerto Rico.

On July 7, 2020, the OPFEI issued a press release titled “OPFEI PANEL ISSUES ENERGETIC RESOLUTION REQUIRING JUSTICE DELIVERY OF RECORDS” in which the resolution of this office is published, requesting the Dept. of Justice to deliver the “six reports whose physical delivery was aborted” on July 6, 2020.

In their press release “the OPFEI members established that after the preliminary investigation and countersigned by the Secretary of Justice, the only legal course of action was to deliver them without further delay.” Later that same day, the six (6) PRDOJ’s reports were formally presented to the OPFEI, pending delivery of the boxes with the related evidence for said investigations between July 8 to 13, 2020.

On July 20, 2020, 10 days after the request was issued, only a formal response was received from the PRDOJ through an email addressed to the petitioners. However, the request was expressly denied by the Dept. of Justice. OPFEI tacitly denied the request by not replying within the 10-day period established by law.

The PRDOJ alleged in their response that the reports “are of confidential matter” and “cannot be subject to inspection, examination, or disclosure while conducting the investigation.” However, the reports requested are the product of the investigation carried out and completed by the Dept. of Justice.

On July 21, one leaked referral was received by some press members. However, independent journalists demanded the official information about this referral as well as the five remaining investigations, because the citizens have the right to know the full truth about the events, which lacerates the integrity of their government.

En Puerto Rico, necesitamos un periódico NUESTRO

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. 

—Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

En 1806 y con la llegada de la imprenta a Puerto Rico, nació el primer periódico en la isla. No fue hasta 1972 que las universidades comenzaron a impartir cursos en periodismo. Para ese entonces, varios diarios ya circulaban por los hogares de miles de puertorriqueños con las noticias del día anterior que sus grupos editoriales entendían que eran las más relevantes.

Con la transformación de lo que Gabriel García Márquez llamó como la “mejor profesión del mundo” también llegó el internet, una tecnología invisible que de un lujo se convirtió en necesidad. Junto con la extensión de la información electrónica, los periódicos digitales comenzaron a proliferarse. Sin embargo, a medida de que esto ocurría, personas o grupos con poca o ninguna preparación académica en periodismo comenzaron a ocupar los espacios reservados para brindar noticias. Esta realidad, sumada a la llegada de las redes sociales, ha creado una confusión generalizada sobre qué debe ser considerado noticia y qué no.

El 2020 ha sido inclemente con los medios de comunicación a nivel local. El COVID-19 parece haber perpetuado las condiciones desfavorables de cientos de periodistas que, aunque es fácil olvidarlo, también forman parte de la sociedad y se ven afectados por las decisiones de sus líderes gubernamentales. Los despidos, cesantías y reducciones en sus jornadas laborales han tenido el resultado de inclinar la balanza hacia la desinformación, el oportunismo y la propaganda. Nos ha hecho preguntarnos: ¿Se puede vivir del periodismo?

Cuando analizamos desapasionadamente esa interrogante, no podemos hallar una contestación concreta y categórica, pues muchos otros factores entran a la ecuación. Los modelos de negocios actuales en la prensa no alientan a que el obrero de la información noticiosa sienta la verdadera libertad de pensamiento y flujo de ideas al momento de informar. Juntos podemos cambiar esto.

Por años nos han hecho pensar que la verdad no cuesta, cuando la realidad es muy distinta. La verdad cuesta días, semanas y meses de investigación, de crear relaciones con las fuentes periodísticas, de leer, de analizar, de escribir y de repetir el ciclo una y otra vez. Cuestan horas de sueño, de eventos familiares, de celebraciones de cumpleaños. De eso último doy fe, pues desde las 6:00 a.m. de hoy escribo estas líneas en el día de mi natalicio.

La verdad sí tiene un precio que muchos periodistas han pagado, muchas veces sin recibir remuneración. Indudablemente, el sacrificio ha sido necesario para los que piensan en el bien colectivo antes que el suyo. Son muy pocos los que se alejan de esta norma general, la cual ha servido para revelar un sinnúmero de escándalos por las acciones negligentes y criminales de las distintas administraciones de turno, gracias a la fiscalización desde el cuarto poder. Gobiernos que con nuestro dinero pagan anuncios publicitarios para secuestrar el quehacer noticioso con dinero, pues saben que no se puede pagar con dignidad las cuentas ni la compra en el supermercado.

A esta cruda realidad se han unido los dueños del periódico, de la estación radial, televisiva, de los portales web y los “influencers”, quienes incidental o intencionalmente aceptan que la forma principal de generar ingresos sea a través de las pautas publicitarias. Mantener un taller abierto conlleva mucho dinero, eso no lo despinta nadie. Sin embargo, existen otras opciones para evitar la clausura de estos espacios y a la misma vez preservando pilares del periodismo como la objetividad, el balance, la imparcialidad, la atención al detalle, la justicia y sobre todo, la verdad. Y para eso, hace falta un periódico NUESTRO.

Les presento a NUESTRO, periódico digital que no se expresa por ti, porque es el pueblo el que habla con voz propia. Un espacio que busca romper con la práctica de crear contenidos para tu consumo, pues serás tú el que dictará qué quieres leer. Es un modelo moderno, que siente como su país de origen sin importar en dónde se reside. Es conciso pero no le importa hablar mucho cuando hay que hacerlo. Es informal pero profesional. No es partidista aunque hablará de política. 

No se junta con nadie, pues es de todas, por todos y para todes.