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Justicia no quiere que veamos los referidos de Wanda Vázquez y otros funcionarios al OPFEI

“…es necesario establecer que, según dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico, ni en el informe de investigación preliminar que se suscriba al finalizar la investigación, ni los seis (6) informes aludidos en su comunicación y que fueron remitidos a la atención del OPFEI pueden, en esta etapa, ser divulgados a terceros”.

Miretza Díaz Rodríguez, Limarie Martínez Rivera y Aminda Colón Soto, Oficiales de Información del Departamento de Justicia.

A pesar de haber concluido sus procesos investigativos, el Departamento de Justicia de Puerto Rico (DJ) se negó a entregar seis referidos a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) presentados por la agencia solicitados por NUESTRO en alianza con ONCE y el blog En Blanco y Negro con Sandra.

Estos documentos finales, los cuales fueron solicitados mediante petición formal, gozan de una presunción de publicidad total por ser estos de alto interés público, pues podrían vincular oficiales y exfuncionarios de la administración de la gobernadora Wanda Vázquez Garced en conductas delictivas. Según la información divulgada por varios periódicos de circulación general, la primera ejecutiva está señalada en al menos uno de las investigaciones finales del DJ, la cual versa sobre posibles violaciones de ley mediante intervenciones indebidas en la entrega de alimentos a los damnificados por los terremotos que sacudieron al suroeste de la isla en enero de 2020.

El pasado 6 de julio, los seis referidos fueron llevados a la oficina del PFEI pero antes de entregarlos, la agente del DJ a cargo de trasladarlos recibió una llamada con instrucciones de regresarlos a la dependencia pública. Este suceso también está bajo investigación a pesar de que la exsecretaria interina de Justicia, la licenciada Wandymar Burgos Vargas, tomó responsabilidad por lo sucedido antes de presentar su carta de renuncia.

A las 6:06 de la tarde de ayer, lunes, NUESTRO recibió una copia de un documento estampado con el logo del OPFEI y firmado tanto por su presidenta, la exjueza Nydia Cotto Vives como por el exjuez y miembro del panel, el licenciado Rubén Vélez Torres. La resolución con fecha del 20 de julio de 2020 es en referencia a la gobernadora de Puerto Rico junto al Lcdo. Antonio Luis Pabón Battle, secretario de la Gobernación, la Lcda. Surima Quiñones Súarez, exadministradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), la administradora de Servicios Operacionales de ADSEF, María Teresa Zayas Gierbolini y la legisladora Evelyn Vázquez Nieves.

NUESTRO supo a las 5:20 de la tarde de ayer, lunes, que ninguno de los seis referidos del DJ al OPFEI son sobre el almacén repleto de suministros hallados por ciudadanos en un almacén en Ponce mientras miles de puertorriqueños sufrían las consecuencias de los terremotos a principios del año.

“Dentro del plazo dispuesto en el Artículo 7 de la Ley 141-2019 conocida como Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito Para el Acceso a la Información Pública (Ley Núm. 141) le informamos que la investigación que realiza el Departamento de Justicia sobre el manejo de los suministros encontrados en un almacén en Ponce, aunque adelantada, no ha culminado. Consecuentemente, contrario a lo intimado en la misiva – en solicitud de información – que motiva esta respuesta, no formó parte de los informes de investigación remitidos a la atención de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) el pasado 6 de julio de 2020”, lee parte de la misiva entregada vía email a NUESTRO y a los periodistas Sandra Rodríguez Cotto y el abogado Emmanuel Estrada López.

Justicia sigue “confundido” con la ley

A juicio del licenciado Edgar Villanueva Rivera, quien en estos momentos examina el curso legal a seguir para obtener la información pública, pretender que se está hablando de investigaciones en proceso o preliminares induce a error y a confusión, pues se trata de unos documentos finales que agrupan hallazgos validados con la firma de la exsecretaria de Justicia, la licenciada Dennise Longo Quiñones junto con tres fiscales.

“Los argumentos esbozados por Justicia son totalmente equivocados e inducen a error. Para que exista un informe, debe producirse una investigación completa. Esto es sencillo, Justicia no puede hacer un referido al panel del PFEI a base de una investigación preliminar, inconclusa o en curso”, sostuvo el letrado.

En específico, el DJ utilizó las mismas estrategias legales que le propinaron sendas derrotas ante la jueza de la Sala de Recursos Extraordinarios del Tribunal de Primera Instancia en San Juan, Lauracelis Roques Arroyo y el Tribunal de Apelaciones sobre la entrega del informe del mal manejo de suministros en el almacén de Ponce encomendado por Vázquez Garced al Negociado de Investigaciones Especiales (NIE). Las determinaciones judiciales a favor de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) obligaron al Estado a hacer entrega del informe del NIE el 13 de marzo, dos días antes del primer toque de queda y cierre total de negocios en Puerto Rico a consecuencia del COVID-19.

“No hay nada que diga bajo la ley y los preceptos constitucionales aplicables en conjunto con la supuesta política pública del Estado sobre transparencia que indique que lo que los periodistas solicitan es confidencial bajo lo estándares establecidos en nuestro ordenamiento jurídico. No se trata de una investigación en curso. Lo que hizo el Departamento de Justicia en su informe que ahora tiene el PFEI es el resultado de una investigación terminada, por lo debe ser información accesible al público. Lo que ahora mismo está ocurriendo en el PFEI es otro asunto que está en curso y no es lo que los periodistas han solicitado”, concluyó el letrado.

Rompe el silencio el PFEI

A raíz de la presión pública ejercida por la ciudadanía, la prensa y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz a través de sus redes sociales, el PFEI reveló en su página web detalles sobre el referido que implica a la gobernadora de Puerto Rico y a cinco funcionarios en violaciones al Código Penal, la Ley de Ética Gubernamental y al Código Anticorrupcíon para un Nuevo Puerto Rico, a base de cuatro investigaciones finales independientes.

“Todas las investigaciones concurren con la existencia de prueba que pudiera confirmar violaciones de ley y reglamento. La información y prueba en todas esas instancias se sostuvo mediante entrevistas y documentos. Posibles infracciones de leyes estatales y federales. Especificamente, en el ámbito estatal, al Art. 252 del Código Penal y al Art. 4.2 de Ia Ley de Ética Gubernamental y el Art. 4.2 del Código Anticorrupción para un Nuevo Puerto Rico. Además, en la investigación del DJPR se atribuyen represalias porque la Secretaria del Depto. de la Familia, Lcda. Glorimar Andújar, tras despedir a una subalterna por actos contrarios a la ley, no accedió a reinstalar a la funcionaria según le fuera requerido por La Fortaleza”.

En su misiva, explican que de no existir el Panel sería el propio Departamento de Justicia el que con su investigación “ya hubiera radicado las denuncias para acusación”, por lo que valida que el referido del DJ al PFEI se trata de una investigación finalizada.

“Toda información o documento que se origine, conserve o reciba en cualquier dependencia del Gobierno, aunque se encuentre bajo la custodia de un tercero, se presume público y debe estar accesible al pueblo y a la prensa”, reza el Artículo 3 (4) de la Ley de Transparencia.