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#NosotrosPodemos

El desgaste emocional ante COVID-19

Por: Isabel Conde Del Moral / Colaboradora de COSACO PR

Isabel Conde Del Moral es estudiante de medicina de tercer año en el Recinto de Ciencias Médicas de la UPR. (Suministrada / COSACO PR)

A más de seis meses del primer caso confirmado de COVID-19 en Puerto Rico, indudablemente cada uno de nosotros se ha sentido estresado, agobiado y/o desesperado por la situación actual que estamos viviendo. Las emergencias de salud pública son un foco de estresores que contribuyen al desgaste emocional y al desarrollo o exacerbación de condiciones psiquiátricas.

Ciertos grupos de personas son más vulnerables incluyendo a los infectados por el virus, especialmente si son personas de edad avanzada o con un sistema inmune comprometido, y personas con condiciones médicas, psiquiátricas o de abuso de sustancias. Otro grupo en riesgo son los profesionales de la salud dada su exposición al virus, el aumento en horas de trabajo, la falta de equipo de protección personal y la preocupación constante de infectar a sus seres queridos y a otras personas. Un estudio reciente sobre las consecuencias psicológicas en diversos grupos de personas en cuarentena reveló la presencia de estrés, depresión, insomnio, irritabilidad y frustración, entre otros.

Se identificaron varios estresores específicos para el desarrollo de estas respuestas incluyendo una mayor duración en cuarentena, la falta de suministros, la falta de información, dificultad en recibir trato médico o medicamentos y tener pérdidas financieras. A lo largo de estos meses, la mayoría de las personas en nuestro país ha experimentado alguno de estos factores y es por esto que hay que crear y mantener el diálogo sobre la salud mental.

Esta crisis ha afectado la evaluación de necesidades psicosociales mediante encuentros directos con pacientes en las clínicas. Estos servicios están siendo ofrecidos, en su mayoría, mediante telemedicina. Sin importar el medio, los profesionales de la salud deben evaluar estresores como el distanciamiento físico, la exposición a personas infectadas, miembros de la familia infectados, pérdidas de seres queridos, pérdidas económicas, aumento en abuso de sustancias, violencia doméstica, síntomas de depresión y ansiedad, insomnio e ideas suicidas.


Algunos síntomas de depresión son: tristeza, pérdida de concentración, falta de apetito, falta de energía, cambios en peso, cambios en el patrón de sueño, pérdida de interés en actividades de disfrute personal, sentimientos de culpa o inutilidad, exceso o disminución en actividad motora y pensamientos suicidas. La ansiedad puede manifestarse como una preocupación constante sobre diferentes aspectos del diario vivir y podría estar acompañada de síntomas físicos como tensión muscular, falta de concentración, fatiga, disturbios de sueño, irritabilidad e inquietud. Por otra parte, los ataques de pánico podrían presentarse como episodios recurrentes de palpitaciones, dolor abdominal, náuseas, falta de aire, dolor de pecho, sudoración y/o escalofríos.

Algunos pacientes se podrían beneficiar de intervenciones dirigidas a mejorar sus estrategias de afrontamiento y el manejo de estrés, mientras que otros podrían requerir evaluaciones más formales de su estatus mental. Es importante que haya un enlace disponible con los servicios de salud mental y que se promueva la búsqueda de ayuda profesional cuando se necesite. Varios ejemplos de intervenciones que se pueden hacer desde el hogar son: establecer y mantener una rutina, realizar actividades estructuradas, estar conscientes de reacciones propias ante el estrés, limitar la exposición a contenido digital sobre la pandemia, mantener un diálogo abierto con los niños y escuchar y atender sus preocupaciones.

*Síntesis de: Pfefferbaum, B., & North, C. S. (2020). Mental Health and the Covid-19 Pandemic. New England Journal of Medicine, 383(6), 510-512. doi:10.1056/nejmp2008017

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#NosotrosPodemos

Niños y niñas podrían ser foco importante de transmisión del COVID-19

Por Dr. Edwin A. Rosado-Olivieri

El autor es asociado postdoctoral e investigador de células madres y enfermedades infecciosas en la Universidad de Rockefeller en Nueva York y miembro de la red de Ciencia Puerto Rico. (Suministrada)

Mientras que muchas jurisdicciones —incluyendo Puerto Rico— han decido comenzar las clases en línea durante la pandemia, otras lo han hecho de manera presencial, usando como justificación que los niños y las niñas están en menor riesgo de sufrir síntomas severos de COVID-19. Sin embargo, esta justificación es infundada, pues no existe evidencia científica certera de esto y además ignora que las comunidades escolares no sólo se componen de menores de edad.

A sólo días de reabrir sus escuelas, varios distritos escolares en los estados de Indiana, Georgia y Mississippi tuvieron que cerrar debido a brotes en diversos planteles. Estos brotes fueron asociados a maestros y estudiantes infectados. En Puerto Rico se planteó en un momento el regreso presencial a las escuelas en septiembre, aunque en las pasadas semanas se ha estado reconsiderando esto debido a la continua alza de casos positivos de COVID-19 y a que otros indicadores de la pandemia (como las muertes) han ido empeorando.

¿Qué dice la ciencia?

Dos estudios recientes apuntan a que usar el argumento que los menores de edad se infectan menos o no se enferman de gravedad puede ser peligroso.

El primero, publicado en la revista Science, estudió datos epidemiológicos de dos ciudades en China: Wuhan—donde el virus fue originalmente detectado—y Shanghai, para entender el impacto de abrir o cerrar las escuelas en el control de la pandemia. Este estudio rastreó alrededor de 7,000 contactos de 136 casos confirmados de pacientes menores y adultos infectados por el virus SARS-CoV-2, que produce COVID-19. La investigación encontró que, aunque en general los niños y las niñas eran menos susceptibles a infección por el coronavirus comparado a los adultos, cuando las escuelas estaban abiertas era 3 veces más probable que los menores estuviesen en contacto con personas infectadas. Esto aumentó significativamente su susceptibilidad a infección y, a su vez, la posibilidad de transmisión en las comunidades escolares.

Basado en su análisis estadístico, este estudio en Science estimó que mantener las escuelas cerradas puede reducir el alza en casos por 40 a 60 por ciento. También encontraron que mantener las escuelas abiertas aumentó significativamente el número de reproducción del virus, R0, un estimado del número de infecciones atados a un caso positivo. Este aumento en el número de reproducción a su vez puede resultar en un aumento en el potencial de propagación del virus en comunidades si se decide reabrir las escuelas.

El segundo estudio, publicado en JAMA Pediatrics, investigó las diferencias en los niveles del virus entre menores y adultos infectados por el coronavirus SARS-CoV-2. El mismo midió la cantidad del virus usando pruebas moleculares (que detectan la presencia del material genético del virus) en 145 pacientes residentes de Chicago. Se encontró que los niños y niñas mayores de 5 años infectados tienen cantidades del virus (lo que se conocer como carga viral) en las vías nasales comparables a lo observado en adultos. No obstante, en niños menores de 5 años, se encontró que la cantidad del virus en el tejido infectado es hasta 100 veces más altos comparado a los adultos. Resultados similares han sido también reportados en estudios preliminares en Alemania y Francia, donde se encontró que los niños y las niñas menores de 18 años pudiesen tener igual o más cantidad del virus que adultos.

Abrir las escuelas en lugares donde hay altos niveles de transmisión en la comunidad—como es el caso de Puerto Rico—aumentaría la probabilidad de que estudiantes y miembros de la comunidad escolar puedan infectarse y contagiar a otros. Esta apuesta es aún más peligrosa cuando faltan sistemas de vigilancia y control del virus robustos y puntuales (como pruebas moleculares y rastreo)—también el caso en Puerto Rico.

Los estudios realizados hasta ahora son limitados en la cantidad de pacientes y su demografía y aún nos falta muchísimo por entender sobre cómo el coronavirus afecta a los niños y niñas. Mas lo que sí queda cada vez más claro es que la premisa de que se pueden abrir las escuelas por que los niños y niñas no se enferman de gravedad o no transmiten el virus es incorrecta.

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#NosotrosPodemos

En fin… cualquier paciente que necesite una cama en intensivo, ¡no lo podemos olvidar!

http://www.cosacopr.org

Los diagnósticos de #COVID19 pueden ser solo hoy día un 6% o 7 % de la ocupación de camas de intensivo en Puerto Rico. COSACO PR advierte sobre las consecuencias de un aumento en las cifras.

Dr. Luis Molinary, cardiólogo y miembro de la junta de COSACO PR. (Suministrada)

Desde que entré por primera vez a una Unidad de Cuidado Intensivo (ICU) como estudiante de medicina los diagnósticos de esos pacientes en su mayoría eran (muchos de ellos en ventilador) infartos al corazón, fallos cardiacos, pulmonías, enfermedades pulmonares descompensadas, infecciones generalizadas con fallos respiratorios (ARDS) etc…y muchos otros pacientes que habían salido de sala de operaciones porque, o se complicaron en cirugía, o era una cirugía electiva que no lograron extubar en “recovery”.

En el año 2020 se le ocurre a un virus llegar a aumentar la ocupación de esas camas con complicaciones de problemas respiratorios, cardiacos o neurológicos, y lo que nos falta por descubrir; algo jamás visto antes. Entonces, si la cantidad de pacientes previo al COVID-19 que utilizaban las camas de intensivo ni ha bajado, ni bajará, porque son condiciones que yo no puedo controlar al ser complicaciones de enfermedades crónicas tan prevalentes en la comunidad, ¿cómo pueden seguir hablando solamente del porciento de estas camas ocupadas por pacientes de COVID-19? ¿Cuál es el mensaje?

¿Que todas las camas de Intensivo son para Covid 19 ?

¿Qué no es un problema hasta que el 100 % de las camas de ICU estén ocupadas por pacientes con COVID-19?

Si no controlamos los contagios, la cantidad de pacientes que llegan a los hospitales y que podrían complicarse y llegar a ICU, ese número de necesidad de intensivo aumentará, pero ¿dónde pondremos los que llegan con condiciones crónicas complicadas? Si no tengo camas en intensivo, ¿dónde pongo las cirugías “electivas” que se complican? Siendo Puerto Rico una isla donde tenemos huracanes y terremotos (Dios nos proteja siempre) si ocurre una catástrofe y necesito esas camas de intensivo, ¿dónde los admito si la capacidad de camas esta al tope? En fin… cualquier paciente que necesite también una cama en intensivo, por la razón que sea, ¡no los podemos olvidar!

Más allá, ¿por qué hablamos de la cantidad o la utilización de ventiladores y los que tenemos disponibles si los recursos para manejarlos (médicos intensivistas, neumólogos, enfermeras, terapistas respiratorios) es limitada y también se nos están contagiando, lo que los limita aun más?

Para colmo, los pacientes con enfermedades crónicas (hipertensión y diabetes descontroladas, fallo cardiaco, enfermedades pulmonares severas, etc) se están quedando en sus casas y se están complicando. Esto hace que cuando llegan al hospital estén bien malos y muy probable lo que su pudo haber atendido en una cita rutinaria, requiera recursos extraordinarios.

Por lo tanto, si no puedo controlar las variables de utilización de ICU de las enfermedades crónicas, de las cirugías por complicaciones médicas, de las cirugías electivas complicadas y de cualquier desastre natural, y la única variable que hemos demostrado podemos controlar es la de la cantidad de pacientes que lleguen por COVID-19… ¿cuál debe ser el mensaje?

Finalmente, se ha dado por sentado que Puerto Rico es pequeño en tamaño. Sin embargo, puede haber X número de camas alrededor de la Isla disponibles, ¿pero dónde exactamente están? Si por alguna razón los hospitales del área metro llegan a máxima capacidad antes de otros, pues esa es la región donde más casos hay, ¿qué hago cuando me sigan llegando pacientes que ameriten un Intensivo en esa región? Me imagino que se intentarán los “transfers” para ICU hacia otras regiones menos saturadas. Esto pudiera ser un paciente por COVID-19 de San Juan enviado a Ponce o Mayagüez… pero también uno con un infarto complicado o cualquier otra condición que así lo amerite ante la saturación de camas en una región.

Los diagnósticos de COVID-19 pueden ser solo hoy día un 6% o 7 % de la ocupación de camas de intensivo, pero si no los controlamos, y aumenta ese número, son afectados todos los demás pacientes cuyos diagnósticos ameritan un intensivo que siguen siendo los mismos que cuando pisé esa unidad por primera vez hace años. ¿Cuál es la única variable que hemos demostrado podemos controlar? El número de contagios. Entonces, ese tiene que ser el mensaje.

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NUESTRO Fiscaliza

Puerto Rico Department of Justice does not want us to see Wanda Vázquez and other officials’ referrals to the OPFEI

“[…] it is necessary to establish that, as provided by our legal system, neither the preliminary investigative report subscribed at the end of the investigation, nor the six (6) reports referred to in your communication and that were submitted to the attention of the OPFEI shall, at this stage, be disclosed to third parties.”

Miretza Díaz Rodríguez, Limarie Martínez Rivera y Aminda Colón Soto, Information Officers for the Department of Justice

Despite having concluded its investigative processes, the Puerto Rico Department of Justice (PRDOJ) refused to submit six referrals presented by the agency to the OPFEI (Spanish acronym for the Special Independent Prosecutor’s Panel’s Office) that were requested by NUESTRO in alliance with ONCE and the blog “En Blanco y Negro with Sandra.”

These final documents, which were requested by formal petition, enjoy a presumption of total publicity since they are of high public interest, since they could link officials and ex-officials of the administration of Governor Wanda Vázquez Garced in criminal conduct. According to information released by several general circulation newspapers, the First Executive is implicated in at least one of the PRDOJ’s final investigations, which deals with possible violations of the law through improper interventions in the delivery of food to the victims of the earthquakes that affected the southwest of the island in January 2020.

On July 6, the six referrals were taken to the OPFEI office, but before turning them in, the PRDOJ agent in charge of transferring them received a call with instructions to return them to the public agency. This event is also under investigation, even though the former acting secretary of Justice, attorney Wandymar Burgos Vargas, took full responsibility for what happened before presenting her resignation letter.

At 6:06 pm yesterday, Monday, NUESTRO received a copy of a document stamped with the OPFEI logo and signed by both its president, former judge Nydia Cotto Vives, and by former judge and member of the Panel, attorney Rubén Vélez Torres. The resolution dated July 20, 2020 refers to the Governor of Puerto Rico along with lawyer Antonio Luis Pabón Battle, Secretary of the Interior, attorney Surima Quiñones Súarez, former Administrator of the Family Socioeconomic Development Administration (ADSEF by its Spanish acronym), the Administrator of Operational Services of ADSEF, María Teresa Zayas Gierbolini and the legislator Evelyn Vázquez Nieves.

NUESTRO knew at 5:20 pm yesterday, Monday, that none of the PRDJ’s six referrals to OPFEI are about the warehouse full of supplies found by citizens in Ponce while thousands of Puerto Ricans suffered the consequences of the earthquakes at the beginning of the year.

“Within the term provided in Article 7 of Act 141-2019 known as the Transparency Act and Expedited Procedure for Access to Public Information (Act No. 141), we inform you that the investigation carried out by the Department of Justice on the handling of the supplies found in a warehouse in Ponce, although advanced, has not been completed. Consequently, contrary to what was expressed in the letter – in request for information – that motivates this response, it was not part of the investigation reports sent to the attention of the OPFEI on July 6, 2020,” reads in part the letter delivered via email to NUESTRO and journalists Sandra Rodríguez Cotto and the lawyer Emmanuel Estrada López.

PRDOJ remains “confused” with the law

In the opinion of lawyer Edgar Villanueva Rivera, who is currently examining the legal course to follow to obtain public information, pretending that they are talking about investigations in progress or preliminary is misleading and confusing, since these are final documents that group findings validated with the signature of the former Secretary of Justice, lawyer Dennise Longo Quiñones along with three prosecutors.

“The arguments outlined by Justice are totally wrong and misleading. For a report to exist, a full investigation must occur. This is simple, Justice cannot make a referral to the OPFEI panel based on a preliminary, inconclusive, or ongoing investigation,” said the lawyer.

Specifically, the PRDJ used the same legal strategies that gave it two defeats before judge of the Extraordinary Claims Chamber of the Court of First Instance in San Juan, Lauracelis Roques Arroyo and the Court of Appeals on the delivery of the report of the mismanagement of supplies in the Ponce warehouse commissioned by Vázquez Garced to the Special Investigations Bureau (NIE, by its Spanish acronym). The judicial determinations in favor of the Puerto Rico Journalists Association (Asppro, by its Spanish acronym) and the Center for Investigative Journalism (CPI, by its Spanish acronym) forced the State to deliver the NIE report on March 13, two days before the first curfew and total closure of businesses in Puerto Rico as a result of the COVID-19 pandemic.

“There is nothing under the law and the applicable constitutional precepts in conjunction with the State’s supposed public policy on transparency that indicates that what journalists requested is confidential under the standards established in our legal system. This is not an ongoing investigation. What the Department of Justice did in its report that the OPFEI now has is the result of a completed investigation, so it must be information accessible to the public. What is happening right now at the OPFEI is another matter that is ongoing and is not what the journalists have requested,” the lawyer concluded.

OPFEI breaks its silence

As a result of public pressure exerted by citizens, the press and the president of the Senate, Thomas Rivera Schatz through their social networks, the OPFEI revealed on its website details about the referral that implicate the Governor of Puerto Rico and five officials on violations to the Penal Code, the Government Ethics Act, and the Anti-Corruption Code for a New Puerto Rico, a basis for four independent final investigations.

“All investigations concur with the existence of evidence that could confirm investigations of law and regulation. The information and evidence in all these instances were sustained through interviews and documents. Possible infractions of state and federal laws. Specifically, at the state level, Art. 252 of the Penal Code and Article 4.2 of the Government Ethics Law and Article 4.2 of the Anti-Corruption Code for a New Puerto Rico. In addition, in the investigation of the PRDOJ retaliation is attributed because the Secretary of the Department of Family, attorney Glorimar Andújar, after dismissing a subordinate for acts contrary to the law, did not agree to reinstate the official as required by La Fortaleza.”

In their letter, they explain that would the Panel not exist, it would have been the Department of Justice itself that with its investigation “had already filed the allegations in an accusation,” therefore validating the PRDOJ’s referral to the OPFEI is a completed investigation.

“All information or document that originates, conserves or receives in any government agency, even if it is in the custody of a third party, is presumed to be public and must be accessible to the people and the press,” reads Article 3 (4) of the Transparency Act.

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Columna

Capitalizando la sed de normalidad ante COVID-19

Por: Marieli Gonzalez Cotto, PhD
Bióloga Celular y Molecular | Comunicadora en Ciencias

Decir que estamos viviendo un tiempo sin precedentes es una subestimación. A casi seis meses de esta crisis, hemos aprendido mucho, pero al parecer, no lo suficiente para salir de ella. Pareciera ser que muchos de los sistemas necesarios para manejar esta emergencia están presentes, al alcance y listos para ser utilizados en dar la batalla contra COVID-19. No podemos decir lo mismo de la voluntad de nuestro gobierno de turno. 

El segundo trimestre de este año fue uno especialmente difícil gracias a la cuarentena. De seguro ninguna historia personal de tiempo en cuarentena es similar a las demás, pero una cosa es cierta: perdimos nuestra normalidad. Ante cualquier crisis el deseo natural del ser humano es llegar a ver el día en donde recuperemos nuestra normalidad. Tristemente, nuestro gobierno también le faltó la voluntad de transmitir a sus ciudadanos que, en definitiva, tendremos un nuevo normal. En su lugar escuchamos mensajes contradictorios, vagos y tibios. Como quien no quiere afrontar la realidad de un nuevo normal, como el que tiene algo que esconder y mucho que ganar.

El panorama actual es sumamente peligroso en términos de los “mensajes oficiales”. No cuesta mucho entender que la comunicación es un entorno complicado, la cual toma en cuenta lo que se dice, escribe, observa e infiere. Además, el proceso de comunicación se enmarca en consideraciones culturales, sociales y generacionales. Los “mensajes oficiales” han estado plagados de paños tibios y condescendientes. Una y otra vez, los mensajes de nuestros oficiales y gobernantes buscan capitalizar de nuestra sed de normalidad. 

Si bien es cierto que vivimos en una sociedad libre y democrática, declarar que cierta población tiene el “derecho” de disfrutar actividades sociales es superfluo. Ciertamente, esta expresión apela a la realidad que hemos vivido muchos, pero falla miserablemente en comunicar la realidad de que aún estamos en una crisis y que el nuevo normal se debe enmarcar en cambios a cómo hacíamos las cosas pre-pandemia. Por otro lado, la comunicación no verbal o el modelaje en tiempos de crisis es esencial. En momentos de incertidumbre y de cambios complejos, es innegable que todos buscamos a quién seguir. En este sentido, es esencial velar por que se haga lo mismo que le pedimos a los demás. Contrario lo que dicen algunos, la salvación no es individual. Tenemos que salvarnos como colectivo. Esta tarea no es fácil en una sociedad que valora el individualismo y lo aplaude como característica de desarrollo e innovación. Sin embargo, la salud pública es, eso mismo, pública. Protegernos nos compete a todas, todos y todes.

Los problemas de salud pública se encaran con datos, evidencia y honestidad. Si bien es cierto que el ciudadano debe asumir un rol activo en los esfuerzos de salud pública, un gobierno que no se comunica efectivamente y con la verdad entorpece esta tarea. No le podemos pedir a un árbol de chinas que nos dé mangó. De la misma manera, no podemos pedir resultados cuando las reglas de juego son oscuras y adaptables a la necesidad de unos pocos de capitalizar la sed de un pueblo a retomar su normalidad.

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NUESTRO Investiga

[Part I] Puerto Rico Department of Health’s Contracts

“In (Puerto Rico Department of) Health nothing is done without ____ approval,” that was the main reaction of multiple sources consulted by the investigative team of NUESTRO, informants with direct knowledge of the actions of the Puerto Rico Department of Health (PRDH) that since the beginning of the COVID-19 pandemic in the island have collaborated anonymously, risking their jobs or contracts with the leading agency implementing the health public policy that shall be follow, established by the administration commanded by the Governor Wanda Vázquez Garced.

On June 20, 2020, 36% of users chose #Nuestro’s first report to revolve around government contracts. In second place was the issue of COVID-19 on the island, with 35% of the votes.

Exactly two weeks ago, on June 22, 36% of users selected to have PRDH contracts investigated. Since then, several of our journalists and collaborators have held conversations with at least seven people, which have revealed a substantial amount of data that calls into question the purity of the selection process for the personnel in charge of managing the pandemic, which gave way to the declaration of a State of Emergency 121 days ago, on March 12, 2020.

“A state of emergency is declared throughout Puerto Rico regarding the outbreak of coronavirus or COVID-19 that currently afflicts the world population. The foregoing, in order to carry out all efforts and implement all those measures to safeguard the health, welfare and public safety of our citizens, in order to minimize or avoid the risk of any situation that represents or constitutes a threat to public health or safety as a result of the COVID-19 outbreak,” reads the Executive Order 2020-20, which remains in force through amendments.

In her most recent Executive Order, Governor Wanda Vázquez Garced extended the emergency declaration until December. (Twitter / @wandavazquezg)

What do we know? That in the PRDH a name is repeated as a common denominator when managing the contracting budget that serves to shape the main efforts to stop the novel coronavirus that, at the closing of the writing of this report, has registered a total of 9,366 cases totals. Of these, only 2,435 (26%) have been confirmed with molecular tests or PCR+, while 6,931 (74%) of these have not received the certainty that a confirmatory or diagnostic test provides, for reasons unknown to both the scientific community and the Puerto Rican population. Just on Saturday, a total of eight deaths were recorded on the data panel or “Dashboard”.

This is how the “Dashboard” of the Puerto Rico Health Department dawned on Saturday, July 11, 2020. (Capture / Puerto Rico COVID-19)

On May 13, the PRDH Secretary announced at a press conference that he will designate $150 million to buy more “tests and tracking” of contacts. This figure would come out of the $2.2 billion that the federal government allocated to Puerto Rico to deal with COVID-19. The “contact tracing” initiative that was supposed to start on July 1 has not started as of today as publicly anticipated.

“The $150 million are not just in tests and tracking, we are also talking about personnel, we are also talking about infrastructure. One of the things that we find in the Health Department is an infrastructure that needs significant changes, particularly servers, cloud, and the necessary equipment to be able to keep up with this pandemic and this era. We are in that process,” the head of the PRHD assured the press and the public.

In the photo, the Governor of Puerto Rico Wanda Vázquez Garced and the Secretary of the Department of Health, Dr. Lorenzo González Feliciano. (Twitter / @wandavazquezg)

What are we investigating?

A document held by NUESTRO reveals that since the implementation of the first curfew and total closure of businesses decreed on March 15 by Governor Vázquez Garced as a result of the impact of COVID-19 in the United States, the PRDH has signed a total of 109 contracts and 265 amendments to existing agreements. The information, which is consistent with the Comptroller’s Registry of Contracts, shows that millions of dollars have been invested in contractors who have billed for their services for months. In some cases, truly little is known about the results of their efforts.

At the moment, the investigative team of this news media examines a large part of these contractual agreements, one by one, to identify the delegated functions, the salary accrued and the origin of the budgeted items that are used to pay the contracts. At the same time, it is investigated if there is duplication of efforts between the contractors and the career employees of the public agency or other dependency of the Executive Branch and it is investigated whether the operational organizational chart of the PRHD has been altered to divert the main responsibility of decision-making that the secretary of the PRHD has by mandate of law to transfer it to other people, through a parallel managerial structure.

No contracts? No problem

On May 6, 2020, the undersigned journalist had revealed in collaboration with Caribbean Business and CB en Español the instructions given by the Comptroller of Puerto Rico, Yesmín M. Valdivieso Galib, through Circular Letter 2020-20, which gave a touch of the transparency to the contracts of all public dependencies of the Government of Puerto Rico.

In summary, its guideline extended “up to 15 days after the end of the curfew, the term to register and send, through the Contracts Registration application, all the contracts awarded which term expires during said period.” In addition, it made possible that any contractor could sign agreements with the Government, even if they do not meet the requirements imposed by law to provide goods and services in the middle of the coronavirus emergency on the island.

“During this emergency period, they can proceed with the benefits or considerations established in any contract duly formalized by all the parties. If the contractor does not have available the documents required by law for the formalization of the contract, they must provide them within 60 days of the end of the curfew.”

Does this also include purchase orders? We question the Comptroller.

“Government procurement and contracting processes cannot be classified in the same way. A purchase order is not a contract per se (that is why they are not registered), although a purchase order can originate from a contract. Government contracts have to comply with some form, mandatory clauses and documentation requirements established by law and regulations different from those of a purchase order,” said Valdivieso Galib.

Why does the Comptroller not register purchase orders, which are contracts according to the Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico (Fiscal Control Board) and the Civil Code of Puerto Rico? we insisted.

“In a contract, clauses and conditions are agreed subject to not being contrary to law, morality and public order and to the consent of the contracting parties, an object that is the subject of the contract, and cause of the obligation established. Therefore, a purchase order cannot be considered a contract because the purpose of the purchase order is only to oblige a payment. “Obligations arise from the law, from contracts and quasi-contracts. In addition, it must be considered that the legal regulations applicable to government procurement are rigorous. See, by way of example, Law 237-2004, as amended, regarding the contracting of professional services by government entities, and the case of Rodríguez Ramos v. ELA, 190 D.P.R. 448 (2014),” added Valdivieso to justify the reason why the purchase orders are not registered, even though they have all the requirements to be considered as a valid contract, as emerges from her own expressions for the record.

In full, we reproduce the next question and the Comptroller’s response:

In view of the fact that the enabling law of the Comptroller establishes that the agency enjoys the fullest administrative, budgetary and fiscal autonomy, how is it explained that the term of 60 days after the end of the curfew, which was granted to all the government agencies to correct any error in the requirements by law that a contractor must comply with are exactly the same that Governor Wanda Vázquez Garced granted to the Executive Branch by means of an Executive Order on March 16, which is valid until May 15?

“We wanted to be consistent with the Governor’s order. The 60 days are NOT to correct errors in the hiring. They are granted so that contractors who cannot obtain the debt certifications of ASUME, Treasury, CRIM, State Insurance Fund etc. or that they do not find a notary public for the sworn statements that should be in the files, provide them. Contracts should NOT have errors and if they do, they should be amended as soon as possible. Any mistake should not make a contract void, but certain clauses could void it.

Efforts are being made within the emergency to be flexible, reasonable, and uniform. This, to the extent possible, to fulfill the duty to keep the Government as functional as possible, taking the necessary control and execution measures within the possibilities of each government agency or entity.

I do not understand what our administrative, budgetary, and fiscal independence has to do with the 60-day question. For me absolutely nothing. It is Law 18 of 1975 that gives the Comptroller the responsibility of regulating how the registry works.”

In her explanation on May 7, the Comptroller alleged that she was trying to be consistent with the Governor’s Executive Order, a decree that became invalid 57 days ago. Her directive, unlike that issued by the Governor, has not yet been amended or revoked.

NUESTRO will go to Court

40 days ago, the undersigned journalist made several requests for information to the PRHD through its press Director, Michelle De La Cruz Valencia. In an email dated June 1, 2020, a series of invoices submitted to the agency were requested, which summarize the tasks that had to be carried out by the Office of Epidemiology and Research to control the spread of COVID-19 in Puerto Rico. In addition, the responses provided by the PRDH secretary to requests from that operational unit were requested.

“Good morning, we are working with your request,” replied the PRHD Office of Communications and Public Affairs on June 4. Twenty days later, on June 24, NUESTRO sent its last communication via email to both De La Cruz and the generic press email that the agency uses, announcing that we will go to court, as empowered by the “Transparency and Expedited Procedure for Access to Public Information Act, Law No. 141 of August 1, 2019, ” in order to obtain these data, which has the highest public interest.

“It is regrettable that I have to resort again to the Court to assert the rights of citizens enshrined in the laws, in the Constitution of Puerto Rico and in the State’s own public policy, which says it is transparent. Honestly, I wish I did not have to, but I have no choice. I am deeply sorry for the situation,” was said in writing. Immediately afterwards and to our surprise, De La Cruz Valencia replied that “today we follow up on this request and I will tell you the status of it in the morning.”

As of yet, we have not received a response.

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NUESTRO Investiga

[Parte I] Los contratos del Departamento de Salud de Puerto Rico

“En Salud no se hace nada sin que ______ lo apruebe”, fue la reacción principal de varias fuentes consultadas por el equipo investigativo de NUESTRO, informantes con conocimiento directo de las acciones del Departamento de Salud de Puerto Rico (DS) que desde el inicio de la pandemia del Covid-19 en Puerto Rico han colaborado de manera anónima, arriesgando sus empleos o contratos con la agencia líder en la implementación de la política pública salubrista que debe seguir la administración que comanda la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

El pasado 20 de junio de 2020, un 36% de los usuarios eligieron que #Nuestro primer reportaje girara en torno a los contratos en el Gobierno. En segundo lugar ubicó el tema del COVID-19 en la isla, con un 35% de los votos.

Hace exactamente dos semanas, el 22 de junio, el 36% de los usuarios seleccionaron que se investigaran los contratos del DS. Desde ese entonces, varios de nuestros periodistas y colaboradores han sostenido conversaciones con al menos siete personas, las cuales han revelado una cantidad sustancial de datos que ponen en entredicho la pureza del proceso de selección del personal a cargo del manejo de la pandemia, la cual dio paso a la declaración de un Estado de Emergencia hace 121 días, el 12 de marzo de 2020.

“Se declara un estado de emergencia en todo Puerto Rico respecto al brote de coronavirus o COVID-19 que actualmente aqueja la población mundial. Lo anterior, con el fin de llevar a cabo todos los esfuerzos e implementar todas aquellas medidas para salvaguardar la salud, bienestar y seguridad pública de nuestra ciudadanía, a los fines de minimizar o evitar el riesgo de que ocurra cualquier situación que represente o constituya una amenaza a la salud o seguridad pública a consecuencia del brote del COVID-19”, reza la Orden Ejecutiva 2020-20 que se mantiene vigente mediante enmienda.

En su más reciente Orden Ejecutiva, la gobernadora Wanda Vazquez Garced extendió la declaración de emergencia hasta diciembre. (Twitter / @wandavazquezg)

¿Qué sabemos? Que en el DS se repite un nombre, como denominador común a la hora de manejar el presupuesto de contratación que sirve para darle forma a los esfuerzos principales para detener el novel coronavirus que, al cierre de este escrito, ha registrado un total de 9,366 casos totales. De estos, tan solo 2,435 (26%) han sido confirmados con pruebas moleculares o PCR+ mientras que 6,931 (74%) de estos no han recibido la certeza que brinda una prueba confirmatoria o diagnóstica, por razones desconocidas tanto para la comunidad científica como para la población puertorriqueña. Solamente en el día de hoy, un total de ocho muertes fueron registradas en el panel de datos o “Dashboard”.

Así amaneció el “Dashboard” del Departamento de Salud de Puerto Rico hoy sábado, 11 de julio de 2020. (Captura / Puerto Rico COVID-19)

El pasado 13 de mayo, el secretario del DS anunció en conferencia de prensa que designará $150 millones para comprar más “pruebas y rastreo” de contactos. Esta cifra provendría de los $2,200 millones que el gobierno federal destinó a Puerto Rico para hacerle frente al Covid-19. La iniciativa del “contact tracing” que se suponía iniciara el 1 de julio al día de hoy no arranca como públicamente se había anticipado.

“Los $150 millones de pesos no es tan solo en pruebas y rastreo, estamos hablando también personal, estamos hablando también de infraestructura. Una de las cosas con las que nos encontramos en el Departamento de Salud es una infraestructura que necesita cambios significativos, particularmente servidores, nube, equipo necesario para poder estar a la altura de esta pandemia y esta era. En ese proceso estamos”, aseguró el titular del DS a la prensa y a la ciudadanía.

En la foto, la gobernadora de Puerto Rico Wanda Vazquez Garced y el secretario del Departamento de Salud, el doctor Lorenzo Gonzalez Feliciano. (Twitter / @wandavazquezg)

¿Qué investigamos?

Un documento en poder de NUESTRO revela que desde la implementación del primer toque de queda y cierre total de negocios decretado el 15 de marzo por la gobernadora Vázquez Garced a raíz del impacto del Covid-19 en el territorio de Estados Unidos, el DS ha suscrito un total de 109 contratos y 265 enmiendas a acuerdos ya existentes. La información, la cual es cónsona con el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor, demuestra que se han invertido millones de dólares en contratistas que por meses han facturado por sus servicios. En algunos casos, muy poco se conoce sobre los resultados de sus gestiones.

Al momento, el equipo investigativo de este medio examina gran parte de estos acuerdos contractuales, uno a uno, para identificar las funciones delegadas, el salario devengado y la procedencia de las partidas presupuestarias que se utilizan para pagar las contrataciones. A su vez, se investiga si existe duplicidad de esfuerzos entre los contratistas y los empleados de carrera de la agencia pública u otra dependencia de la Rama Ejecutiva y se indaga si el organigrama operacional del DS ha sido alterado para desviar la responsabilidad principal de la toma de decisiones que posee el secretario del DS por mandato de ley para entregársela a otras personas, a través de una estructura gerencial paralela.

¿No hay contratos? No hay problema

El 6 de mayo de 2020, este periodista había revelado en colaboración con Caribbean Business y CB en Español las instrucciones dadas por la Contralora de Puerto Rico, Yesmín M. Valdivieso Galib, mediante la Carta Circular 2020-20, la cual le otorgó un toque de queda a la transparencia de los contratos de todas las dependencias públicas del Gobierno de Puerto Rico.

En síntesis, su directriz extendió “hasta 15 días después de finalizado el toque de queda el término para registrar y remitir, a través de la aplicación de Registro de Contratos, todos los contratos otorgados cuyo término vence durante dicho período”. Además, viabilizó que cualquier contratista pueda suscribir acuerdos con el Gobierno, aunque no cumplan con los requisitos que impone la ley para brindar bienes y servicios ante la emergencia del coronavirus en la isla.

“Durante este período de emergencia pueden proceder con las prestaciones o contraprestaciones establecidas en todo contrato debidamente formalizado por todas las partes. En el caso de que el contratista no tenga disponible los documentos requeridos por ley para la formalización del contrato, deben proveer los mismos dentro de los 60 días de finalizado el Toque de Queda”.

¿También esto incluye las órdenes de compra?, cuestionamos a la Contralora.

“Los procesos de compras y de contratación gubernamental no pueden ser catalogados de la misma manera. Una orden de compra no es un contrato de por sí (por eso no se registran), aunque de un contrato se puede originar una orden de compra. Los contratos gubernamentales tienen que cumplir con unos requisitos de forma, cláusulas mandatorias y documentación dispuestos por ley y reglamentación distintos a los de una orden de compra”, sostuvo Valdivieso Galib.

¿Por qué el Contralor no registra órdenes de compra, las cuales son contratos de acuerdo a la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (Junta de Control Fiscal) y el Código Civil de Puerto Rico?, insistimos.

“En un contrato se pactan unas cláusulas y condiciones sujetas a que no sean contrarias a la ley, la moral y el orden público y al consentimiento de los contratantes, objeto cierto que sea materia del contrato, y causa de la obligación que se establezca.  Por tanto, una orden de compra no se puede considerar un contrato porque el propósito de esta es solo obligar un pago.  “Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasicontratos.  Además, hay que considerar que la normativa jurídica aplicable a la contratación gubernamental es rigurosa.  Véanse, a manera de ejemplo, la Ley 237-2004, según enmendada, en cuanto a la contratación de servicios profesionales por las entidades gubernamentales, y el caso Rodríguez Ramos v. ELA, 190 D.P.R. 448 (2014)”, añadió Valdivieso para justificar la razón por la que las ordenes de compra no aparecen registradas, a pesar de que cuentan con todos los requisitos para ser consideradas como un contrato válido, como surge de sus propias expresiones para el récord.

De manera íntegra, reproducimos la próxima pregunta y la respuesta de la Contralora:

En vista de que la ley habilitadora del Contralor establece que la dependencia goza de la más plena autonomía administrativa, presupuestaria y fiscal, ¿cómo se explica que el término de 60 días después de que termine el toque de queda, el cual fue concedido a todas las dependencias gubernamentales para subsanar cualquier error en los requisitos en ley que un contratista debe cumplir sea exactamente el mismo que la gobernadora Wanda Vázquez Garced concedió a la Rama Ejecutiva mediante Orden Ejecutiva el pasado 16 de marzo, la cual tiene vigencia hasta el 15 de mayo?

“Quisimos ser consistentes con la orden de la gobernadora. Los 60 días NO son para subsanar errores en la contratación. Se conceden para que los contratistas que no pueden conseguir las certificaciones de deuda de ASUME, Hacienda, CRIM, Fondo del Seguro del Estado etc. o que no encuentren a un notario público para las declaraciones juradas que deben estar en los expedientes, las provean. Los contratos NO deberían tener errores y de tenerlos deben ser enmendados a la brevedad posible.  Un error cualquiera no debería hacer nulo un contrato, pero ciertas cláusulas, sí podrían hacerlo nulo.

Se está tratando dentro de la emergencia ser flexibles, razonables y uniformes. Esto, para en la medida que se pueda, cumplir con el deber de mantener al Gobierno lo más funcional posible tomando las medidas de control y ejecución necesarias dentro de las posibilidades de cada agencia o entidad gubernamental.

No entiendo qué tiene que ver nuestra independencia administrativa, presupuestaria y fiscal con la pregunta de los 60 días. Para mi absolutamente nada.  Es la Ley 18 de 1975 la que le da al Contralor la responsabilidad de reglamentar cómo funciona el registro”.

En su explicación del 7 de mayo, la Contralora alegó que intentaba ser consistente con la Orden Ejecutiva de la gobernadora, decreto que perdió vigencia hace 57 días. Su directriz, a diferencia de la que impartió la primera ejecutiva, aún no ha sido enmendada o revocada.

NUESTRO acudirá al Tribunal

Hace 40 días, este periodista realizó varios pedidos de información al DS a través de su directora de prensa, Michelle De La Cruz Valencia. En un correo electrónico con fecha del 1 de junio de 2020, se solicitó una serie de facturas entregadas a la agencia, las cuales resumen las labores que debieron ser efectuadas desde la Oficina de Epidemiología e Investigación para controlar la propagación del Covid-19 en Puerto Rico. Además, se solicitaron las respuestas brindadas por el secretario del DS a los pedidos de esa unidad operacional.

“Buenos días, estamos trabajando con su solicitud”, respondió la Oficina de Comunicaciones y Asuntos Públicos del DS el 4 de junio. Veinte días mas tarde, el 24 de junio, NUESTRO envío su última comunicación vía correo electrónico tanto a De La Cruz como al email genérico de prensa que posee la agencia, anunciando que recurriremos a los tribunales, tal y como faculta la “Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, Ley Núm. 141 de 1 de agosto de 2019”, para poder obtener estos datos, los cuales gozan del más alto interés público.

“Es lamentable que tenga que recurrir nuevamente al Tribunal para hacer valer los derechos ciudadanos consagrados en las leyes, en la Constitución de Puerto Rico y en la propia política pública del Estado, la cual dice que es de transparencia. Honestamente, quisiera no tener que hacerlo, pero no me queda alternativa. Lamento mucho la situación”, se indicó por escrito. Acto seguido y para nuestra sorpresa, De La Cruz Valencia replicó que “hoy mismo le damos seguimiento a esta petición y te digo el estatus de la misma durante la mañana”.

Hoy es sábado, 11 de julio de 2020. No hemos recibido respuesta.