Categorías
NUESTRO Fiscaliza

Hora cero para la transparencia gubernamental en Puerto Rico

Tras múltiples mociones entre abogados, solicitudes de desestimar el caso y alegaciones para poner fin a la controversia sin permitir oportunidad en el Tribunal, el juez Anthony Cuevas de la Sala de Recursos Extraordinarios tendrá en sus manos defender el derecho al acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública de la gobernadora Wanda Vázquez Garced y miembros de su administración.

Se trata del Mandamus presentado por NUESTRO y la periodista Sandra Rodríguez Cotto, quienes habían solicitado los seis referidos que el pasado 6 de julio fueron llevados por el Departamento de Justicia de Puerto Rico (DJ) a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI). Antes de entregarlos, la agente del DJ a cargo de trasladarlos recibió una llamada con instrucciones de regresarlos a la dependencia pública. Este suceso también está bajo investigación, a pesar de que la exsecretaria interina de Justicia en ese entonces, la licenciada Wandymar Burgos Vargas, tomó responsabilidad por lo sucedido antes de presentar su carta de renuncia.

“La información solicitada cobra gran importancia para el interés público dada las condiciones en las que se entregan los referidos antes mencionados, en momentos en que la integridad de algunos de nuestros funcionarios está siendo cuestionada tanto a nivel local como en la esfera federal”, lee parte del escrito presentado por el licenciado Edgar Villanueva Rivera. El letrado añade que en ningún momento ha habido expresión pública del DJ o del OPFEI anunciando los detalles sobre estos referidos, las personas implicadas y los delitos investigados, como ha sido uso y costumbre en ocasiones anteriores en casos similares.

“La información solicitada no es una revisión del expediente ni mucho menos de declaraciones o información de la estrategia de litigio del OPFEI ni el DJ, como han tratado de hacer ver las partes peticionadas, sino de las conclusiones y hallazgos contenidas en el informe que hace el DJ al terminar su investigación. Nuestra postura es cónsona con lo que dice la misma OPFEI, ya que “[s]i no existiera el Panel, sería el propio DJPR el que con su investigación, ya hubiera radicado las denuncias para acusación”, puntualiza Villanueva Rivera.

“Respecto a los méritos de este pedido, la parte peticionada ha fallado en proveer expresamente la fuente jurídica o disposición reglamentaria específica que establezca la confidencialidad de los referidos de Justicia. Tampoco explican en dónde se define que estos seis referidos forman parte del sumario fiscal. Tanto el OPFEI como el DJ enfocan su argumento en establecer que el sumario fiscal es confidencial por tratarse de la prueba de fiscalía que presentaría en su día en corte. No obstante, ni siquiera establecen que norma específica define que los referidos al OPFEI con las conclusiones de la investigación del DJ son considerados como prueba que sea admisible en corte o que este se tenga que incluir como parte del expediente del sumario fiscal”, añade el escrito del representante legal de NUESTRO y Sandra Rodríguez Cotto.

Tanto Justicia como el PFEI han establecido a lo largo de los 50 días que han transcurrido de este proceso legal que los seis referidos no son documentos finales, pues alegan que se tratan de investigaciones penales que no pueden ser fragmentadas y que deben verse de forma contínua. Sin embargo, el Mandamus no contempla la entrega de documentos sobre pesquisas en curso, sino referidos finales que imputan la comisión de delitos que ya fueron firmados y entregados por la exsecretaria del DJ, Denisse Longo Quiñones.

Sus argumentos no son nuevos, pues tanto el Tribunal de Primera Instancia como el Tribunal de Apelaciones tuvieron ante sí el informe del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) sobre el mal manejo de suministros hallados en un almacén de Ponce durante la emergencia ocasionada por los temblores que sacudieron el suroeste de la Isla. Este informe fue evaluado en cámara por los jueces, quienes determinaron que era público luego de tachar el nombre de un testigo para proteger su identidad. Ambos foros concluyeron que ninguna de las páginas contenía información confidencial alguna que pudiera causar una intromisión indebida a la investigación en curso por parte del Departamento de Justicia, la cual no ha concluido.

“Éstos, en su escrito de réplica a la moción de desestimación, establecen con el fin de persuadir a este Foro, que tanto el Departamento de Justicia como OPFEI se enfocan en el “sumario fiscal”. De modo que, con esta alegación, los demandantes pretenden establecer que el informe de investigación preliminar constituye un documento separado, y que, la prueba que lo sustenta es otro documento. En fin, arguyen que son documentos separados, por lo que pueden fácilmente desinsacularse, separarse y dividirse, de este fallido análisis, es que establecen que los informes son públicos, nada más lejos de la verdad”, sostiene la representación legal del DJ en su último escrito del sábado, 29 de agosto.

“Resulta completamente inmeritorio el indicar que el informe preliminar es ajeno o separable de la evidencia recopilada, lo cual es una interpretación contraria y ajena al alcance y a las claras disposiciones de la ley”, alegan por su parte los abogados del PFEI en su última moción presentada el domingo, 23 de agosto, a las 9:37 de la noche.

“De la faz de la Ley 2, surge que el informe que entrega el DJPR al PFEI, es un informe DETALLADO de la investigación PRELIMINAR realizada por la primera agencia, el cual contiene RECOMENDACIONES sobre si procede, o no, la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI). Al nombrarse un FEI, su función es continuar y profundizar en los resultados de la investigación preliminar -o sea, investigar a fondo-, los hechos con el propósito de determinar si cuenta con la prueba necesaria para presentar cargos criminales que puedan sostenerse, más allá de duda razonable”, añade la réplica del OPFEI.

La vista de Mandamus está pautada para hoy, jueves 10 de septiembre, a las 2:00 p.m., mediante el mecanismo de videoconferencia.