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NUESTRO Fiscaliza

Hora cero para la transparencia gubernamental en Puerto Rico

Tras múltiples mociones entre abogados, solicitudes de desestimar el caso y alegaciones para poner fin a la controversia sin permitir oportunidad en el Tribunal, el juez Anthony Cuevas de la Sala de Recursos Extraordinarios tendrá en sus manos defender el derecho al acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública de la gobernadora Wanda Vázquez Garced y miembros de su administración.

Se trata del Mandamus presentado por NUESTRO y la periodista Sandra Rodríguez Cotto, quienes habían solicitado los seis referidos que el pasado 6 de julio fueron llevados por el Departamento de Justicia de Puerto Rico (DJ) a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI). Antes de entregarlos, la agente del DJ a cargo de trasladarlos recibió una llamada con instrucciones de regresarlos a la dependencia pública. Este suceso también está bajo investigación, a pesar de que la exsecretaria interina de Justicia en ese entonces, la licenciada Wandymar Burgos Vargas, tomó responsabilidad por lo sucedido antes de presentar su carta de renuncia.

“La información solicitada cobra gran importancia para el interés público dada las condiciones en las que se entregan los referidos antes mencionados, en momentos en que la integridad de algunos de nuestros funcionarios está siendo cuestionada tanto a nivel local como en la esfera federal”, lee parte del escrito presentado por el licenciado Edgar Villanueva Rivera. El letrado añade que en ningún momento ha habido expresión pública del DJ o del OPFEI anunciando los detalles sobre estos referidos, las personas implicadas y los delitos investigados, como ha sido uso y costumbre en ocasiones anteriores en casos similares.

“La información solicitada no es una revisión del expediente ni mucho menos de declaraciones o información de la estrategia de litigio del OPFEI ni el DJ, como han tratado de hacer ver las partes peticionadas, sino de las conclusiones y hallazgos contenidas en el informe que hace el DJ al terminar su investigación. Nuestra postura es cónsona con lo que dice la misma OPFEI, ya que “[s]i no existiera el Panel, sería el propio DJPR el que con su investigación, ya hubiera radicado las denuncias para acusación”, puntualiza Villanueva Rivera.

“Respecto a los méritos de este pedido, la parte peticionada ha fallado en proveer expresamente la fuente jurídica o disposición reglamentaria específica que establezca la confidencialidad de los referidos de Justicia. Tampoco explican en dónde se define que estos seis referidos forman parte del sumario fiscal. Tanto el OPFEI como el DJ enfocan su argumento en establecer que el sumario fiscal es confidencial por tratarse de la prueba de fiscalía que presentaría en su día en corte. No obstante, ni siquiera establecen que norma específica define que los referidos al OPFEI con las conclusiones de la investigación del DJ son considerados como prueba que sea admisible en corte o que este se tenga que incluir como parte del expediente del sumario fiscal”, añade el escrito del representante legal de NUESTRO y Sandra Rodríguez Cotto.

Tanto Justicia como el PFEI han establecido a lo largo de los 50 días que han transcurrido de este proceso legal que los seis referidos no son documentos finales, pues alegan que se tratan de investigaciones penales que no pueden ser fragmentadas y que deben verse de forma contínua. Sin embargo, el Mandamus no contempla la entrega de documentos sobre pesquisas en curso, sino referidos finales que imputan la comisión de delitos que ya fueron firmados y entregados por la exsecretaria del DJ, Denisse Longo Quiñones.

Sus argumentos no son nuevos, pues tanto el Tribunal de Primera Instancia como el Tribunal de Apelaciones tuvieron ante sí el informe del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) sobre el mal manejo de suministros hallados en un almacén de Ponce durante la emergencia ocasionada por los temblores que sacudieron el suroeste de la Isla. Este informe fue evaluado en cámara por los jueces, quienes determinaron que era público luego de tachar el nombre de un testigo para proteger su identidad. Ambos foros concluyeron que ninguna de las páginas contenía información confidencial alguna que pudiera causar una intromisión indebida a la investigación en curso por parte del Departamento de Justicia, la cual no ha concluido.

“Éstos, en su escrito de réplica a la moción de desestimación, establecen con el fin de persuadir a este Foro, que tanto el Departamento de Justicia como OPFEI se enfocan en el “sumario fiscal”. De modo que, con esta alegación, los demandantes pretenden establecer que el informe de investigación preliminar constituye un documento separado, y que, la prueba que lo sustenta es otro documento. En fin, arguyen que son documentos separados, por lo que pueden fácilmente desinsacularse, separarse y dividirse, de este fallido análisis, es que establecen que los informes son públicos, nada más lejos de la verdad”, sostiene la representación legal del DJ en su último escrito del sábado, 29 de agosto.

“Resulta completamente inmeritorio el indicar que el informe preliminar es ajeno o separable de la evidencia recopilada, lo cual es una interpretación contraria y ajena al alcance y a las claras disposiciones de la ley”, alegan por su parte los abogados del PFEI en su última moción presentada el domingo, 23 de agosto, a las 9:37 de la noche.

“De la faz de la Ley 2, surge que el informe que entrega el DJPR al PFEI, es un informe DETALLADO de la investigación PRELIMINAR realizada por la primera agencia, el cual contiene RECOMENDACIONES sobre si procede, o no, la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI). Al nombrarse un FEI, su función es continuar y profundizar en los resultados de la investigación preliminar -o sea, investigar a fondo-, los hechos con el propósito de determinar si cuenta con la prueba necesaria para presentar cargos criminales que puedan sostenerse, más allá de duda razonable”, añade la réplica del OPFEI.

La vista de Mandamus está pautada para hoy, jueves 10 de septiembre, a las 2:00 p.m., mediante el mecanismo de videoconferencia.

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NUESTRO Investiga

[Parte I] Los contratos del Departamento de Salud de Puerto Rico

“En Salud no se hace nada sin que ______ lo apruebe”, fue la reacción principal de varias fuentes consultadas por el equipo investigativo de NUESTRO, informantes con conocimiento directo de las acciones del Departamento de Salud de Puerto Rico (DS) que desde el inicio de la pandemia del Covid-19 en Puerto Rico han colaborado de manera anónima, arriesgando sus empleos o contratos con la agencia líder en la implementación de la política pública salubrista que debe seguir la administración que comanda la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

El pasado 20 de junio de 2020, un 36% de los usuarios eligieron que #Nuestro primer reportaje girara en torno a los contratos en el Gobierno. En segundo lugar ubicó el tema del COVID-19 en la isla, con un 35% de los votos.

Hace exactamente dos semanas, el 22 de junio, el 36% de los usuarios seleccionaron que se investigaran los contratos del DS. Desde ese entonces, varios de nuestros periodistas y colaboradores han sostenido conversaciones con al menos siete personas, las cuales han revelado una cantidad sustancial de datos que ponen en entredicho la pureza del proceso de selección del personal a cargo del manejo de la pandemia, la cual dio paso a la declaración de un Estado de Emergencia hace 121 días, el 12 de marzo de 2020.

“Se declara un estado de emergencia en todo Puerto Rico respecto al brote de coronavirus o COVID-19 que actualmente aqueja la población mundial. Lo anterior, con el fin de llevar a cabo todos los esfuerzos e implementar todas aquellas medidas para salvaguardar la salud, bienestar y seguridad pública de nuestra ciudadanía, a los fines de minimizar o evitar el riesgo de que ocurra cualquier situación que represente o constituya una amenaza a la salud o seguridad pública a consecuencia del brote del COVID-19”, reza la Orden Ejecutiva 2020-20 que se mantiene vigente mediante enmienda.

En su más reciente Orden Ejecutiva, la gobernadora Wanda Vazquez Garced extendió la declaración de emergencia hasta diciembre. (Twitter / @wandavazquezg)

¿Qué sabemos? Que en el DS se repite un nombre, como denominador común a la hora de manejar el presupuesto de contratación que sirve para darle forma a los esfuerzos principales para detener el novel coronavirus que, al cierre de este escrito, ha registrado un total de 9,366 casos totales. De estos, tan solo 2,435 (26%) han sido confirmados con pruebas moleculares o PCR+ mientras que 6,931 (74%) de estos no han recibido la certeza que brinda una prueba confirmatoria o diagnóstica, por razones desconocidas tanto para la comunidad científica como para la población puertorriqueña. Solamente en el día de hoy, un total de ocho muertes fueron registradas en el panel de datos o “Dashboard”.

Así amaneció el “Dashboard” del Departamento de Salud de Puerto Rico hoy sábado, 11 de julio de 2020. (Captura / Puerto Rico COVID-19)

El pasado 13 de mayo, el secretario del DS anunció en conferencia de prensa que designará $150 millones para comprar más “pruebas y rastreo” de contactos. Esta cifra provendría de los $2,200 millones que el gobierno federal destinó a Puerto Rico para hacerle frente al Covid-19. La iniciativa del “contact tracing” que se suponía iniciara el 1 de julio al día de hoy no arranca como públicamente se había anticipado.

“Los $150 millones de pesos no es tan solo en pruebas y rastreo, estamos hablando también personal, estamos hablando también de infraestructura. Una de las cosas con las que nos encontramos en el Departamento de Salud es una infraestructura que necesita cambios significativos, particularmente servidores, nube, equipo necesario para poder estar a la altura de esta pandemia y esta era. En ese proceso estamos”, aseguró el titular del DS a la prensa y a la ciudadanía.

En la foto, la gobernadora de Puerto Rico Wanda Vazquez Garced y el secretario del Departamento de Salud, el doctor Lorenzo Gonzalez Feliciano. (Twitter / @wandavazquezg)

¿Qué investigamos?

Un documento en poder de NUESTRO revela que desde la implementación del primer toque de queda y cierre total de negocios decretado el 15 de marzo por la gobernadora Vázquez Garced a raíz del impacto del Covid-19 en el territorio de Estados Unidos, el DS ha suscrito un total de 109 contratos y 265 enmiendas a acuerdos ya existentes. La información, la cual es cónsona con el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor, demuestra que se han invertido millones de dólares en contratistas que por meses han facturado por sus servicios. En algunos casos, muy poco se conoce sobre los resultados de sus gestiones.

Al momento, el equipo investigativo de este medio examina gran parte de estos acuerdos contractuales, uno a uno, para identificar las funciones delegadas, el salario devengado y la procedencia de las partidas presupuestarias que se utilizan para pagar las contrataciones. A su vez, se investiga si existe duplicidad de esfuerzos entre los contratistas y los empleados de carrera de la agencia pública u otra dependencia de la Rama Ejecutiva y se indaga si el organigrama operacional del DS ha sido alterado para desviar la responsabilidad principal de la toma de decisiones que posee el secretario del DS por mandato de ley para entregársela a otras personas, a través de una estructura gerencial paralela.

¿No hay contratos? No hay problema

El 6 de mayo de 2020, este periodista había revelado en colaboración con Caribbean Business y CB en Español las instrucciones dadas por la Contralora de Puerto Rico, Yesmín M. Valdivieso Galib, mediante la Carta Circular 2020-20, la cual le otorgó un toque de queda a la transparencia de los contratos de todas las dependencias públicas del Gobierno de Puerto Rico.

En síntesis, su directriz extendió “hasta 15 días después de finalizado el toque de queda el término para registrar y remitir, a través de la aplicación de Registro de Contratos, todos los contratos otorgados cuyo término vence durante dicho período”. Además, viabilizó que cualquier contratista pueda suscribir acuerdos con el Gobierno, aunque no cumplan con los requisitos que impone la ley para brindar bienes y servicios ante la emergencia del coronavirus en la isla.

“Durante este período de emergencia pueden proceder con las prestaciones o contraprestaciones establecidas en todo contrato debidamente formalizado por todas las partes. En el caso de que el contratista no tenga disponible los documentos requeridos por ley para la formalización del contrato, deben proveer los mismos dentro de los 60 días de finalizado el Toque de Queda”.

¿También esto incluye las órdenes de compra?, cuestionamos a la Contralora.

“Los procesos de compras y de contratación gubernamental no pueden ser catalogados de la misma manera. Una orden de compra no es un contrato de por sí (por eso no se registran), aunque de un contrato se puede originar una orden de compra. Los contratos gubernamentales tienen que cumplir con unos requisitos de forma, cláusulas mandatorias y documentación dispuestos por ley y reglamentación distintos a los de una orden de compra”, sostuvo Valdivieso Galib.

¿Por qué el Contralor no registra órdenes de compra, las cuales son contratos de acuerdo a la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (Junta de Control Fiscal) y el Código Civil de Puerto Rico?, insistimos.

“En un contrato se pactan unas cláusulas y condiciones sujetas a que no sean contrarias a la ley, la moral y el orden público y al consentimiento de los contratantes, objeto cierto que sea materia del contrato, y causa de la obligación que se establezca.  Por tanto, una orden de compra no se puede considerar un contrato porque el propósito de esta es solo obligar un pago.  “Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasicontratos.  Además, hay que considerar que la normativa jurídica aplicable a la contratación gubernamental es rigurosa.  Véanse, a manera de ejemplo, la Ley 237-2004, según enmendada, en cuanto a la contratación de servicios profesionales por las entidades gubernamentales, y el caso Rodríguez Ramos v. ELA, 190 D.P.R. 448 (2014)”, añadió Valdivieso para justificar la razón por la que las ordenes de compra no aparecen registradas, a pesar de que cuentan con todos los requisitos para ser consideradas como un contrato válido, como surge de sus propias expresiones para el récord.

De manera íntegra, reproducimos la próxima pregunta y la respuesta de la Contralora:

En vista de que la ley habilitadora del Contralor establece que la dependencia goza de la más plena autonomía administrativa, presupuestaria y fiscal, ¿cómo se explica que el término de 60 días después de que termine el toque de queda, el cual fue concedido a todas las dependencias gubernamentales para subsanar cualquier error en los requisitos en ley que un contratista debe cumplir sea exactamente el mismo que la gobernadora Wanda Vázquez Garced concedió a la Rama Ejecutiva mediante Orden Ejecutiva el pasado 16 de marzo, la cual tiene vigencia hasta el 15 de mayo?

“Quisimos ser consistentes con la orden de la gobernadora. Los 60 días NO son para subsanar errores en la contratación. Se conceden para que los contratistas que no pueden conseguir las certificaciones de deuda de ASUME, Hacienda, CRIM, Fondo del Seguro del Estado etc. o que no encuentren a un notario público para las declaraciones juradas que deben estar en los expedientes, las provean. Los contratos NO deberían tener errores y de tenerlos deben ser enmendados a la brevedad posible.  Un error cualquiera no debería hacer nulo un contrato, pero ciertas cláusulas, sí podrían hacerlo nulo.

Se está tratando dentro de la emergencia ser flexibles, razonables y uniformes. Esto, para en la medida que se pueda, cumplir con el deber de mantener al Gobierno lo más funcional posible tomando las medidas de control y ejecución necesarias dentro de las posibilidades de cada agencia o entidad gubernamental.

No entiendo qué tiene que ver nuestra independencia administrativa, presupuestaria y fiscal con la pregunta de los 60 días. Para mi absolutamente nada.  Es la Ley 18 de 1975 la que le da al Contralor la responsabilidad de reglamentar cómo funciona el registro”.

En su explicación del 7 de mayo, la Contralora alegó que intentaba ser consistente con la Orden Ejecutiva de la gobernadora, decreto que perdió vigencia hace 57 días. Su directriz, a diferencia de la que impartió la primera ejecutiva, aún no ha sido enmendada o revocada.

NUESTRO acudirá al Tribunal

Hace 40 días, este periodista realizó varios pedidos de información al DS a través de su directora de prensa, Michelle De La Cruz Valencia. En un correo electrónico con fecha del 1 de junio de 2020, se solicitó una serie de facturas entregadas a la agencia, las cuales resumen las labores que debieron ser efectuadas desde la Oficina de Epidemiología e Investigación para controlar la propagación del Covid-19 en Puerto Rico. Además, se solicitaron las respuestas brindadas por el secretario del DS a los pedidos de esa unidad operacional.

“Buenos días, estamos trabajando con su solicitud”, respondió la Oficina de Comunicaciones y Asuntos Públicos del DS el 4 de junio. Veinte días mas tarde, el 24 de junio, NUESTRO envío su última comunicación vía correo electrónico tanto a De La Cruz como al email genérico de prensa que posee la agencia, anunciando que recurriremos a los tribunales, tal y como faculta la “Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, Ley Núm. 141 de 1 de agosto de 2019”, para poder obtener estos datos, los cuales gozan del más alto interés público.

“Es lamentable que tenga que recurrir nuevamente al Tribunal para hacer valer los derechos ciudadanos consagrados en las leyes, en la Constitución de Puerto Rico y en la propia política pública del Estado, la cual dice que es de transparencia. Honestamente, quisiera no tener que hacerlo, pero no me queda alternativa. Lamento mucho la situación”, se indicó por escrito. Acto seguido y para nuestra sorpresa, De La Cruz Valencia replicó que “hoy mismo le damos seguimiento a esta petición y te digo el estatus de la misma durante la mañana”.

Hoy es sábado, 11 de julio de 2020. No hemos recibido respuesta.